Johnny Manuel Cáceres Valencia (1)

(1) Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa

DOI: 10.26696/sci.epg.0019

Correspondencia a:
Johnny Manuel Cáceres Valencia
Urbanización Villa Jardín B-4, distrito de Cerro Colorado,
Arequipa  - Perú,
email: jocava2010@gmail.com,
cel.: 959926442
 

RESUMEN: Brevemente pretendemos ocuparnos del Juez natural, su independencia e imparcialidad para señalar cómo tales tópicos —característicos de él— son relevantes para consolidar la Democracia.

Palabras clave: Juez natural, competencia, independencia, imparcialidad, democracia.

ABSTRACT: This essay succinctly describes the natural Judge, his independence and impartiality. The thesis underlined it is how the precedent topics are directly related to the enhance of Democracy.

Key words: Natural judge, competence, independence, impartiality, Democracy.

INTRODUCCIÓN

1°. Cualquiera sea el proceso en que uno se vea envuelto, la normativa supranacional tutela y, claro está, garantiza, a manera de principio básico, el que toda persona sea juzgada por Tribunales de Justicia ordinarios, competentes, independientes e imparciales, sujetos a los procedimientos estatuidos por el Legislador para tramitar y resolver la causa que les sea sometida.

Así, el artículo 8.1 de la Convención es claro al señalar lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

2°. Tal derecho, no obstante no estar explícitamente incorporado en el texto de nuestra Carta Fundamental, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional como parte del derecho al debido proceso bajo el nomen iuris de ‘Juez natural’.

3°. Es que, en tanto derecho poliédrico del justiciable, cuanto principio orientador de la función jurisdiccional, el derecho fundamental al ‘debido proceso’ (artículo 139.3 constitucional) exige —en su faceta procesal, formal o adjetiva— el pleno respeto, entre otros, al derecho a ser juzgado por un ‘Juez natural’, vale decir, por un Juez a quien la Ley, de manera previa al hecho objeto de juzgamiento, le haya atribuido competencia jurisdiccional para decidir y resolver tal materia.

De hecho, dicho Juez, además de ‘competente’, debe ser ‘independiente’ e ‘imparcial’.

PROGRAMA

4°. En lo que sigue (1) vamos a ocuparnos del ‘Juez natural’ —y, por tanto, también de su ‘competencia’—. Una vez hecho ello, (2) abordaremos —aun cuando sea someramente— la temática de la independencia e imparcialidad judicial y daremos cuenta de algunas conquistas jurisprudenciales —no todas, en razón a la brevedad de la presente exposición— referidas al particular y a la “prueba de oficio”. Finalmente, (3) señalaremos cómo tales asuntos son relevantes para consolidar la Democracia.

JUEZ NATURAL

5°. Aquí, el primer escollo a superar es el que se refiere a la disputa terminológica que el nomen iuris —Juez natural— ocasiona.

Sobre el particular hay quien prefiere hablar del derecho a ser juzgados por ‘el Juez predeterminado por Ley’ en vez de referirse al ‘Juez natural’; quienes así distinguen a uno y otro Juez señalan, además, que el último —natural— es aquel que antiguamente juzgaba a los que pertenecían a su grupo (se cita los casos de los fueros ‘castrenses’ y ‘eclesiales’ como aquellos en los que habría tenido intervención el ‘Juez natural’).

Aunque el propósito diferenciador es digno de elogio, y ciertamente debe seguirse para dotar de contenido “nuestro” a un sinfín de instituciones jurídicas, tanto procesales como materiales, no compartimos los motivos de la precedente distinción.

Por nuestra parte, nos basta con señalar que la escisión que distaría a uno y otro ‘Juez’ es artificial y ajena, por lo demás, a la praxis, pues —en términos sencillos— cuanto interesa a dicho derecho realmente no es su nombre, sino el no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por Ley.

6°. Dicho lo anterior, concierne ya delimitar un poco más el contenido protegido del derecho al ‘Juez natural’. En dicha órbita, pues, es preciso destacar que tal contenido se vincula, porque no puede ser de otro modo, con la ‘competencia’ que le es asignada al Juez por la Ley, cosa que en Perú viene dada por la Ley Orgánica del Poder Judicial y también mediante Resoluciones Administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial al disponer, por ejemplo, la conformación de Tribunales con sub-especialidades.

A fuer de lo señalado, cabe ahora destacar dos aspectos puntuales de este Juez. Veamos:

El primero atiende a señalar que el derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por Ley pretende evitar cualquier intromisión política o circunstancial que pueda repercutir en la asunción de la decisión final.

El derecho en mención pretende, pues, realzar y, más que nada, recordar a todos la independencia que tiene el Poder Judicial frente a los otros Poderes del Estado y frente a las presiones políticas y a aquellas otras oportunistas. En rigor, la Ley (pre)determina al Juez que habrá de conocer el mérito de la causa independientemente de que al Legislativo o Ejecutivo pueda incumbirles el asunto. Y ello mismo se predica —o así debería ser, aunque las más de las veces no lo sea— con respecto a la presión mediática.

El segundo aspecto relevante del derecho al ‘Juez natural’ implica respetar otro derecho igual de fundamental: la igualdad (artículo 2.2 constitucional).

En puridad, el derecho objeto de estudio recuerda al Legislador que tampoco es totalmente libre de crear jueces ‘naturales’, con competencia, ni de predeterminarlos a su antojo —por medio de Ley— en atención a razones que comporten tratamientos diferenciados injustificados, es decir, razones espurias como serían, entre otras, las raciales, sexuales, sociales, políticas, religiosas, económicas, étnicas.

Los límites que impone la igualdad en el trato a los ciudadanos se extienden también al Legislador a la hora de determinar competencias o, incluso, al asignar éstas a jueces ordinarios. De allí la proscripción de crear juzgadores ad-hoc de la que trata el artículo 139.3 de la Constitución.

7°. En suma, lo importante para dar por cierta la configuración de la violación al derecho a ser juzgado por un ‘Juez natural’, más allá de la nomenclatura con que a éste se le designe, estriba en dilucidar si el asunto controvertido corresponde a la justicia ordinaria —o no—, e importa determinar, a su vez, si, siendo afirmativa la respuesta al interrogante anterior, tal causa fue sometida a conocimiento de otra justicia, no ordinaria por supuesto, sino extraordinaria o derechamente creada para tal fin (ad-hoc), pues de constatarse esto último habrá lugar a señalar la vulneración del derecho in comento.

INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL JUEZ NATURAL

8°. La independencia judicial es también una garantía del justiciable y, a su turno, un principio orientador de la noble labor jurisdiccional. Como tal, se halla prevista en el artículo 139.2 del Texto Fundamental.

Y, no es que se halle consolidada así solo por la imposición de la Carta Fundamental; antes bien, la jurisprudencia de la Máxima Instancia de Justicia Ordinaria del país, al igual que la del Custodio de la Constitución, es notoriamente clara al respecto.

Para muestra, sirva la Casación N° 3054-2010 Cusco —fundamento quinto—. En dicha Resolución la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, refiriéndose al principio de independencia judicial, señaló enfáticamente que:

“La doctrina autorizada señala sobre dicho principio que los integrantes del Poder Judicial decidirán sobre las materias que se le someten a juicio con arreglo a derecho sin que puedan recibir ningún tipo de órdenes, instrucciones, sugerencias o directrices relativas a los hechos materia de juzgamiento, a la norma a aplicar y su sentido, o la resolución que en definitiva cabe adoptar…”.

9°. Esta independencia, como enseña Alvarado Velloso, aparece frente al justiciable a manera de expresión de la imparcialidad del juzgador que, como tal, no es parte en el proceso, sino tercero con autoridad para juzgar y, en su momento, resolver —“disolver” en la terminología del precitado autor— el conflicto subyacente a las pretensiones, claramente opuestas, de las partes en litigio.

En suma, pues, tanto una como otra son, como refiere el Máximo Intérprete de la Constitución, “garantías consustanciales y necesarias para una correcta administración de justicia”.

10°. Una conquista, quizá la más preciada, de la incorporación de estas garantías en los procesos judiciales es la contenida en la Casación N° 2992-2007 Callao. Allí, en cuanto a la temática probatoria, problemática por excelencia, se estatuyó que, respecto al artículo 194 del Código Procesal Civil, el Tribunal de Alzada en vía de apelación no puede anular la decisión objeto de impugnación por considerar que el Juzgador de mérito no actuó pruebas que resulten suficientes.

En dicha tónica de respeto al principio de independencia jurisdiccional, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia señaló, además, que el Órgano Revisor tampoco puede conminar al Juez de instancia a actuar nuevas pruebas pues, a fin de cuentas, aquél tiene iguales facultades que éste para determinar la actuación oficiosa de pruebas.

11°. Asunto muy crispante es, en cambio, el relativo a la imparcialidad del Juzgador.

Es que, en definitiva, sin la connatural imparcialidad del juzgador pierden sentido tanto su sometimiento mismo a la Ley como su previa determinación o designación por ésta y, por último, la prédica que, respecto a él, se hace de su independencia.

No obstante, decir esto es tan solo decir cuanto se pretende realizar por medio de este principio. No equivale ello, pues, a absolver el problema planteado in toto.

Es que, las más de las veces se olvida que el Juez, cualquiera sea su competencia, debe fallar secumdum ius. Y fallar de este modo, recuerda Nieva Fenoll, implica hacerlo con respecto a cuestiones de hecho y de derecho no escindidas, sino intrincadas, que forman una sola realidad.

Pues bien, para lograr dicho cometido el Juez, sin sustituir a ninguna parte, ha de ordenar la actuación de la prueba oficiosa para cumplir cabalmente su rol en el proceso ya que “[Cuando los jueces no realizan debidamente la actividad probatoria, están siendo infieles al ordenamiento jurídico globalmente considerado”.

Visto así, queda por resaltar todavía que las Codificaciones de tradición Europea-continental —pertenecientes, por tanto, a Sistemas “Mixtos”— aceptan la apuesta por la prueba oficiosa, incluso en materia procesal penal al ver en ella, en suma, la mejor salvaguarda del interés público ínsito en la persecución penal.

12°. Esta breve reflexión no agota, por supuesto, el asunto de la imparcialidad del Juez. Cabe, asimismo, acotar que el asunto de ciernes analizado en cuanto a la concesión de medidas cautelares por jueces —y árbitros— que luego conocerán el mérito de la causa ha merecido los más variados tratamientos doctrinales y jurisprudenciales en torno.

Sin embargo, sobre este último tópico no cabe hacer ya mayor anotación en razón al espacio que dicha cuestión significaría.

JUEZ NATURAL INDEPENDIENTE E IMPARCIAL Y DEMOCRACIA. ANOTACIONES FINALES

13°. Con mucho acierto Muñoz Conde decía que la independencia, el sometimiento a la Ley por parte del Juez y su responsabilidad (a la hora de determinar la Ley y fijar los hechos a los que aplicarla) son los ejes en torno a los cuales “gira, o debe girar, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el Estado de Derecho”.

A ello, sin duda, cabe agregar cuanto se ha señalado sobre el deber que tiene el Juez —en tanto Juez natural independiente e imparcial— de cuidar la no injerencia política o mediática (o la que fuere) en la asunción de su decisión o sobre el sentido que la misma tendría.

Tales directrices, como se sabe, se concretizan en la praxis cuando el Juez realiza una interpretación correcta —y acabada— del Derecho aplicable y fija, conforme a la prueba actuada, los hechos sobre los que ha de decidir.

14°. No basta, por tanto, que a los ciudadanos de una nación como la nuestra (o, en sí, de cualquier otra) se les asegure que el Juez natural se halle establecido por Ley de manera previa a la ocurrencia de los hechos objeto de litigio.

Antes bien, es preciso que el mismo ostente las cualidades de ser independiente e imparcial, se sepa sometido a la Ley y obligado a fallar secundum ius, tanto como responsable por el peso que sus desaciertos a la hora de decidir significarán ya que solo de este modo —aunque, por obvio, sea innecesario recordarlo— su actuación sí que importa para la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho al reforzar la imagen de la Justicia a los ojos de los ciudadanos, renovando así la confianza de la sociedad en los Jueces, y, a partir de ello, recordando al ciudadano que se encuentra protegido del uso abusivo del poder (judicial) del Estado.

REFERENCIAS